LOS SECRETOS QUE NADIE PUEDE OCULTAR

“El pueblo informado no es una opción para los gobiernos, pues conocerían sus derechos y los errores de los gobernantes.”  H.L. Weniger

Una población educada e informada es más peligrosa que un ejército modernamente armado, una sociedad civil, crítica y objetiva es más peligrosa que el crimen organizado, sin embargo se sigue invirtiendo más en “seguridad” y menos en crear las condiciones para una educación e información apropiada. Lastimosamente la mayoría de salvadoreños que están conscientes de  lo que pasa a su alrededor tienen un precio para simplemente dejar hacer, dejar pasar o ver, oír y callar, y es que el dinero además de comprar silencios, ha creado una cultura de conformismo, pesimismo e inactividad ciudadana.

El conocimiento es la mejor arma que cualquier persona puede tener en cualquier parte del mundo, y es obligación del Estado generar las condiciones para que la población pueda educarse e informarse, es obligación del Estado y de los funcionarios públicos ser transparentes en su accionar y no poner pretextos o argumentos baratos cuando se les exige la verdad, porque en todo caso el dinero o la información está siendo administrada por ellos es decir, están prestando un servicio ya que la potestad es del pueblo, únicamente.

Por lo anteriormente expuesto, resulta irónico y ridículo que la presidencia clasifique sus gastos de publicidad como “secretos” argumentando que su divulgación puede ser una medida desleal y desigualitaria hacia potenciales oferentes de servicios publicitarios.

Se dice que los gastos de publicidad están “reservados”, es decir, que el público no tiene acceso a ninguna información sobre las cantidades de dinero involucradas, ni sobre el proceso que otorgó el contrato a “X”  agencia de publicidad, durante al menos SIETE AÑOS, así lo detalla el índice de Información Reservada  de la Presidencia de la República.

El índice de información reservada es un documento que todas las instituciones estatales están obligadas a generar cada seis meses y contiene la lista de la información que las entidades deciden que no sea de carácter público con base en los criterios establecidos en el artículo 19 de la LAIP. Este índice incluye también pequeñeces como: información sobre servicios de vigilancia y seguridad de la presidencia, flotas vehiculares de uso oficial y presidencial, informes de auditoría interna de la presidencia y expedientes sobre seguimiento y análisis de los subsidios otorgados por el Estado, entre OTROS.

Lo que pocos saben es que la famosa LAIP, contempla cuatro tipos de información, la pública, la oficiosa, la confidencial y la que no puede ser revelada, es decir, la “reservada”, ésta se encuentra definida en el art. 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública el cual reza así: “es aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa (…) en razón de un interés general durante un período determinado y por causas justificadas”.

La mayoría de personas piensa que por tener una Ley de Acceso a la Información Pública tenemos el derecho de saber absolutamente TODO, pero no, la información ha sido clasificada estratégicamente y lamentablemente no toda es pública, las excepciones de ésta ley han sido muy bien escogidas para el beneficio de los propios funcionarios, porque si fuese en beneficio del pueblo, no tendría sentido clasificarla como reservada o confidencial.

Los gastos en publicidad han sido clasificados como información reservada porque según el oficial de información de la Presidencia, Pavel Cruz Álvarez, “la divulgación de la información relacionada a la prestación de servicios de agencia de publicidad podría repercutir en: 1. Una posible distorsión en los precios de los servicios de publicidad para la Presidencia, 2. Una medida desleal y desigualitaria ante los potenciales oferentes de servicios nacionales e internacionales, 3. En un ventaja indebida en perjuicio de otros competidores en un procedimiento de adquisición de bienes y servicios institucionales”.

Con semejantes argumentos a cualquiera le intriga lo que sucede atrás de esta escena de teatro, de lo poco pero interesante que se conoce sobre los gastos de publicidad de la presidencia se puede sacar una valiosa y razonable explicación ya que “en enero de 2010, El Faro reveló que solo un mes antes 12 instituciones del Ejecutivo, incluida la Presidencia de la República, habían emitido un acuerdo conjunto para otorgar a Polistepeque S.A. de C.V. la recién creada agencia propiedad del publicista Joao Santana, asesor de campaña de Funes, la pauta publicitaria de la mayoría de instituciones del Órgano Ejecutivo.”

Los gastos de publicidad de la Presidencia han sido uno de los temas que las gestiones presidenciales de Arena mantuvieron ocultos. En el caso del ex presidente Elías Antonio Saca, este decía que en el caso del acceso a la información, "la mejor ley es la que no existe”. Cuando el presidente Funes llegó a la presidencia en 2009, ofreció terminar con la tradición de ocultar información. “Las puertas de mi Gobierno que llevan a la información estarán siempre abiertas de par en par. No habrá más secretos, porque los secretos son una forma indirecta de la censura, que repudiamos”, dijo en un campo pagado que publicó en La Prensa Gráfica el 31 de julio de 2009, dos meses después de haber asumido la Presidencia."

Por lo tanto, sería interesante examinar también a los candidatos presidenciales que actualmente son funcionarios públicos, un estudio sobre el origen del dinero para su campaña no estaría nada mal, incluso una investigación posterior que indague los beneficios, cargos, etc. obtenidos por  los financiadores/ asesores de dichas campañas presidenciales. Al mismo tiempo sería muy interesante también que todos conociéramos las excepciones o las “reservas” que acarrean ciertas leyes que, aparentemente, hacen más transparentes las gestiones de los funcionarios públicos o de los que ostentan el poder.

Andrea Recinos 
@AndrMarc_
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